En el afán de mejores instituciones en nuestro país, se espera que las autoridades deportivas a nivel público y privado sirvan de buenos ejemplos. Basados en el simple hecho de que el deporte ostenta intrínsecamente altos valores de una sociedad: como disciplina, tesón, respeto, resiliencia, etc.
Pues bien, en nuestro país estamos muy bien representados en el ámbito público con la máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Pero sus atribuciones no alcanzan.
La dirigencia privada (sin incluir el fútbol, que es el peor ejemplo por todos conocido de corrupción), como las especialidades olímpicas y su matriz incluida, aplica la “doctrina del caramelo”, que en cortas palabras significa: “Yo te apoyo con caramelos a tu dirigencia y vos me votás en las elecciones para permanecer en la presidencia de la asociación o Comité Olímpico u otro similar”. Bajo este esquema, el deporte y los atletas quedan relegados a intereses particulares mezquinos, donde los dirigentes se reparten cargos, viajes de “turismo deportivo”, reuniones sociales y otras pueriles reuniones, que confinan esfuerzos genuinos de atletas desesperanzados de acceder a competencias dignas y sin padrinazgos.
El Comité Olímpico Paraguayo desde el 2015 desafía a la Justicia Electoral y luego en la Corte Suprema de Justicia, manteniendo como una autoridad olímpica al presidente defenestrado de la Federación Paraguaya de Esgrima, pese a sentencia y a múltiples denuncias contra esa dirigencia.
Recientemente, el Comité Olímpico ha modificado sus estatutos, esto le permitirá reelegir a su presidente por cuantos periodos quisieran. Es la lacra legal perpetua que mutila la promoción de nuevos y mejores dirigentes que servirían a los mejores intereses de los atletas.
Joao Havelange en el fútbol y E. Samaranch en el Comité Olímpico crearon una red de corrupción deportiva de escala mundial. Los gobiernos que permiten que los remanentes herederos locales se perpetúen en nuestro país son culpables de desidia y relegan su papel de rector de los deportes como en el caso de la Secretaría Nacional de Deportes (SND).
El órgano rector gubernamental de los deportes, según sus estatutos, debería fiscalizar en cada ejercicio:
1. Autorizar los estatutos de federaciones y autoridades con sus plazos de gobierno.
2. Establecer un sistema claro de evaluación de sus programas deportivos.
3. Fiscalizar sus presupuestos, ejecución y balances de cada especialidad deportiva registrada.
4. Verificar el sistema de ránking de los atletas para representar al país.
5. Crear las condiciones para la promoción genuina de ese deporte.
Mientras no se logre esto, la SND seguirá siendo un simple administrador de enormes sumas de dinero que no cumplen con los cometidos de promoción del deporte.
