La creación de la competición, impulsada por algunos de los mayores clubes europeos, incluyó a seis equipos ingleses (Arsenal, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur y Liverpoo), lo que provocó la ira de los aficionados y la promesa del Gobierno británico de revisar la estructura de este deporte, con hincapié en la relación entre aficionados y clubes.
El “White Paper”, como se conoce a esta primera propuesta en Reino Unido, comenzó a formarse en 2021 y ahora es una realidad. El Gobierno fundamenta esta reforma en varios puntos: la creación de un regulador independiente que medie en disputas, prohibir que los clubes puedan unirse a ligas externas, como la Superliga europea, mejorar el test a dueños y propietarios para evitar problemas económicos en los clubes, mejorar la representación del aficionado y que tenga poder de decisión y mejorar el reparto de dinero en la pirámide del fútbol inglés.
De este modo se intenta también evitar la creación de clubes estado, como es el caso del Newcastle United, en poder de Arabia Saudí, y el Manchester City, en manos de Emiratos Árabes Unidos. Una posible adquisición del Manchester United por parte de Catar, que ha levantado dudas en la comunidad LGTB del United, también quedaría en entredicho. El nuevo test de propietarios tomaría en cuenta criterios hasta ahora inadvertidos, como el respeto a los derechos humanos por parte del nuevo dueño, así como su capacidad financiera y el origen de sus ingresos.
Con el mayor control económico, el Gobierno trata de paliar la caída en desgracia de muchos clubes a lo largo de los últimos años: desde la creación de la Premier League en 1992, más de 60 clubes en el fútbol inglés se han visto envueltos en graves problemas económicos. Uno de los casos más sonados en los últimos años es el del Bury, club creado en 1885 y que fue expulsado de la League One (Tercera división inglesa) en 2020.
Sin embargo, este proyecto no convence a la Premier League, que ve con escepticismo muchas de las reformas y cree que pone en peligro la superioridad de la liga inglesa respecto al resto de competiciones europeas.
“Apreciamos el compromiso del Gobierno para proteger el éxito de la Premier League. Es vital que esta regulación no dañe el deporte que los aficionados aman o su capacidad para atraer inversiones o aumentar el interés en nuestro deporte”, dijo la Premier League en un comunicado en el que recuerda que ya aporta 1.600 millones de libras (1.700 millones de euros) para favorecer el fútbol más modesto.
La Premier considera que el nuevo regulador le quitaría poder y que las nuevas restricciones a propietarios espantarían a posibles inversores.
“Ahora trabajaremos con todos los entes para asegurarnos de que el nuevo regulador no lleva a ninguna consecuencia no deseada que puede afectar a la posición de la Premier League como la liga más vista del mundo, reducir su competitividad o poner los inigualables niveles de financiamiento que tenemos en riesgo”, apuntó.
En el caso individual de los clubes, el primero en posicionarse contra ello ha sido David Sullivan, codueño del West Ham United, que ha definido el nuevo regulador como “una terrible idea”.
“El Gobierno es un desastre a la hora de dirigir cualquier cosa, solo hay que ver cómo llevan el país. Estoy seguro que este regulador tendrá un montón de empleados a los que habrá que pagar. Va a ser un despilfarro de dinero. Seguro que además se incrementa cada año”, dijo Sullivan.
