El abogado de Domínguez, Claudio Lovera, explicó que la demanda se basa “en expresiones que en setiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado vertió el señor Chilavert a través de Twitter, donde se hacen afirmaciones de hechos y juicios de valor con relación al señor Domínguez”.
Añadió que el exportero de la selección paraguaya le atribuye al titular de la Conmebol “situaciones en las que existirían condenas penales”, por lo que “se tomó la decisión de presentarlas ante el ámbito de la Justicia y debatirlos en un juicio oral”.
Chilavert, que reside en Buenos Aires, ha acusado a Domínguez de corrupción a través de sus cuentas en redes sociales y medios de Argentina y Paraguay.
Lovera afirmó que los ataques del exportero no se circunscriben a la función actual que Domínguez ejerce desde 2016, sino desde la época en que fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), entre 2011 y 2014.
El asesor legal del titular de la Conmebol dijo que la audiencia será “presencial, si alguna de las partes lo pide se podía haber elegido otras vías, pero por de pronto estamos conformes porque este tipo de hechos no genera aglomeración”.
“Vamos a estar presentes porque conforme a las reglas del Código paraguayo los querellantes están obligados a concurrir a diferencia del querellado, que no tiene la obligación de hacerlo y si no lo hace se entiende que sigue el proceso”, indicó Lovera.
Chilavert celebró este miércoles en su cuenta social que haya sido citado, al tiempo que se refirió como “Corrupbol” a la Conmebol.
“Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de ADominguez y sus http://séquitos. Es la lucha de clases en Py,soy el pueblo Pyo contra clanes políticos, que tanto daño le hace al Py”, expresó en Twitter.
La siguiente etapa del proceso es el juicio oral y público, instancia en la que se plantea la reparación de los daños y se evalúa la condena, que tiene una espectativa de seis meses a tres años de prisión.
Si la condena es superior a los dos años el acusado debe ir a prisión, ya que la suspensión de la ejecución de la pena, prevista en la normativa local y aplicada a personas sin antecedentes, no deber superar los dos años, según el abogado.
