Los procedimientos se llevan a cabo en la sede administrativa de la AFA, ubicada en la calle Viamonte, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en el inmueble que la entidad posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.
Las medidas fueron dispuestas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a partir de un requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En paralelo, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) registraron la vivienda del empresario Javier Faroni, titular de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, señalada en la causa como intermediaria en la recaudación de fondos internacionales de la AFA.
La investigación judicial busca confirmar si hubo maniobras de lavado de dinero en el marco de la relación contractual entre la AFA y TourProdEnter, una sociedad constituida en agosto de 2021 en el estado de Florida.
La AFA emitió este lunes un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo que describió como una “campaña de difamación” en su contra y aseguró este que la relación contractual entre la institución y TourProdenter LLC “ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos tribunales, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.
La institución denunció en su comunicado que el Gobierno del presidente Javier Milei participó en la promoción de “acciones y campañas públicas contra la AFA y sus autoridades, con el evidente objetivo de generar un clima de deslegitimación y desestabilización institucional”.
Investigaciones publicadas en el diario La Nación el domingo y este lunes revelaron que la firma estadounidense dedicada a la administración de los asuntos comerciales de la AFA en el exterior, TourProdenter LLC, recaudó en los últimos cuatro años 260 millones de dólares, de los cuales una parte fue desviada a distintas sociedades comerciales y personas.
En base al análisis de registros bancarios obtenidos por la Justicia estadounidense, la Nación reveló que una sociedad integrada hasta mayo de este año por Darío Toviggino -hermano del actual tesorero de la AFA Pablo Toviggino- recibió en los últimos siete meses unos 468.000 dólares.
La tensión entre el Gobierno y la AFA -cuyos líderes están en las antípodas ideológicas- lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.
La Justicia imputó el pasado viernes al presidente de la AFA Claudio ‘Chiqui’ Tapia y a Pablo Toviggino en otra causa que investiga la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos.
Existen, además, otras dos investigaciones judiciales que vinculan a la cúpula de la institución del fútbol argentino: sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la firma Sur Finanzas y otra relacionada la adquisición de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar.
