La Fiscalía se opuso a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad provisional a Dani Alves, al considerar que persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió la presunta violación por la que entró en prisión el pasado 20 de enero.
Según informaron fuentes del ministerio público, la Fiscalía presentó ya su informe ante la Audiencia de Barcelona para oponerse a que deje en libertad al futbolista y rechaza las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone su defensa.
La defensa de Alves recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por violar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, por lo que el tribunal deberá decidir en los próximos días si lo excarcela, una vez disponga de los informes de la Fiscalía y de la acusación particular.
Hasta la fecha, según indicaron fuentes judiciales, la acusación particular que representa a la víctima todavía no ha presentado su escrito ante la Audiencia de Barcelona para posicionarse sobre el recurso de apelación que presentó el jugador brasileño el pasado 30 de enero contra el auto de prisión preventiva decretado por la jueza instructora.
En ese recurso de apelación, el abogado del jugador, Cristóbal Martell, esgrimió varios argumentos para desmontar el riesgo de fuga en que se basó la jueza que instruye la causa en el juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona para enviar al futbolista a prisión, el pasado 20 de enero.
La defensa del jugador alegó, entre otros razonamientos, que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos, que tiene residencia junto a su esposa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y que dispone de arraigo personal, familiar, social y empresarial en la capital catalana, lo que desvirtúa su riesgo de fuga.
Esgrimió, también, que el jugador ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que le atribuyó la instructora, después de que el cclub de fútbol méxicano Pumas, en el que jugaba, rescindiera su contrato y tras la pérdida de otros contratos de patrocinio, publicidad e imagen que tenía suscritos con distintas marcas.
Además, en el escrito presentado ante la Audiencia de Barcelona el equipo legal del exjugador del Barcelona cuestionó los indicios que llevaron a la jueza a enviar a prisión a Alves, utilizando principalmente los vídeos de las imágenes previas al momento en el que la joven y Alves entraron en el baño privado de un reservado de la discoteca Sutton, donde supuestamente la violó.
Según el escrito, los vídeos muestran que antes de ese momento Alves y la víctima, que acudió a la discoteca con una prima y una amiga, se encontraban departiendo de modo “lúdico y festivo, rodeados de muchísima gente en un espacio abierto”, lo que “dista mucho” del escenario de una “intimidación ambiental”.
Posteriormente, señaló el abogado de Alves en el recurso, la grabación desmentía que el futbolista cerrara la puerta del baño en el que sucedió la presunta violación: primero es él quien entra en el recinto y, dos minutos después, lo hace la joven, “sin que Dani Alves le franquee el paso”.
Sin embargo, el ministerio público se opone a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad a Alves, encarcelado en el centro penitenciario de Brians 2 en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), al considerar que sí persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió la presunta violación.
Por otro lado, la Fiscalía se ha opuesto a la personación en la causa de las patronales del ocio estatal y catalana -Spain Nightlife y Fecasarm- como acusación popular, al entender que no han acreditado un interés legítimo en la misma y debido a la falta de cobertura legal.
En su escrito dirigido a la jueza instructora en el que solicitaban ser parte en la causa, ambas patronales defendieron su “clarísima legitimación” para ser acusación popular en la medida en que la supuesta violación se produjo en un espacio de ocio nocturno.
Las patronales catalana y española defendieron en ese escrito que la acusación popular “no actúa por interés propio”, sino en defensa de la “legalidad” y más teniendo en cuenta que en este caso “ostentan un claro interés legítimo y personal junto al interés general existente”, al haber tenido lugar los hechos objeto de investigación en un local de ocio nocturno.
