Hubo un tiempo —no muy lejano, aunque parezca lo contrario ante la transformación vertiginosa— en el que el fútbol era un asunto de noventa minutos, un árbitro con silbato y un puñado de incertidumbres o certezas domingueras. Hoy, al tiempo en que la vida misma se financiariza masivamente, la experiencia de mirar un partido se parece cada vez más a pararse en medio de un casino flotante a medianoche, encandilado por el parpadeo verde fluorescente de las pantallas y el bombardeo incesante de números que prometen convertir diez mil guaraníes o un puñado de dólares en una pequeña fortuna instantánea.
El fenómeno de las bets (las plataformas de apuestas deportivas y casinos virtuales) irrumpió en América Latina como un entretenimiento voraz en la era de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Rápidamente, el paisaje del continente, y específicamente el del fútbol, empezó a llenarse de marcas de casas de apuestas estampadas en el pecho de las camisetas, mientras las tandas publicitarias a mitad de la transmisión televisiva fueron, de un día para otro, un escaparate más para las bets.
Sin embargo, hablando estrictamente de América Latina, cuando la rueda de la fortuna empezaba a tragarse los sueldos mínimos y la credibilidad misma del espectáculo, el escenario político en el país más grande del continente, Brasil, dio un volantazo drástico que puede redundar en el recalibramiento del mapa político y deportivo regional.
La estocada de Lula
La intervención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, con la firma de medidas contundentes para frenar el avance irrestricto de las casas de apuestas electrónicas, no responde a un puritanismo moral ni a un arrebato atávico contra el azar. Según el Gobierno del Brasil y los defensores de la medida, se trata de una respuesta de supervivencia macroeconómica y sanitaria. Según sus detractores, representa un golpe a un sector de la economía brasileña que genera pingües dividendos y, según aseguran, también puestos de trabajo.
Para el Palacio del Planalto, el diagnóstico se volvió insostenible hacia mediados del mandato del líder octogenario del Partido de los Trabajadores (PT): el volumen de dinero drenado desde los sectores populares hacia plataformas offshore con sede en paraísos fiscales amenazaba directamente el consumo de la canasta básica y la efectividad de los programas de transferencia de ingresos, como Bolsa Família. El dinero que debía financiar el pan, la leche y la farmacia en las periferias urbanas de San Pablo, Río de Janeiro o Recife terminaba engordando los balances de corporaciones sin rostro legal ni domicilio fiscal en el país. Por ello, antes del paquete de restricciones más general, el Gobierno condicionó el acceso a Bolsa Família a la prohibición de realizar apuestas deportivas. Donde escasea el dinero y se recibe subsidio estatal, no se puede dejar este librado al azar: hay prioridades, dijo el Gobierno.
A este sangrado de las economías familiares se sumó el veneno del amaño deportivo. Hace exactamente un año, la duodécima entrega de Peskamboi versó sobre el fenómeno de la gamblification del fútbol, es decir, de la apostización del deporte, que alcanza a los hinchas, los jugadores y el público, “donde el marketing de estímulos ambientales (la publicidad de los carteles luminosos y las camisetas, etc.) juega un papel preponderante y tiene implicancias sanitarias cada vez más probadas”. También contamos el caso de Bruno Henrique, figura del Flamengo de Río de Janeiro, acusado de provocar adrede su amonestación en un partido, lo que habría permitido obtener ganancias a varios parientes suyos en una plataforma de apuestas digitales.
La irrupción de investigaciones judiciales e indicios de sospecha sobre jugadas insólitas —tarjetas amarillas provocadas deliberadamente, saques de banda forzados en momentos insólitos o penales absurdos en las divisiones inferiores— terminó por romper el pacto de credibilidad entre el aficionado y la cancha. Cuando hasta figuras consagradas en el fútbol europeo y en la Canarinha (como Lucas Paquetá) terminaron bajo la lupa de los tribunales por presuntas conexiones con redes de apuestas originadas en barriadas populares, la metáfora se volvió dramática: el juego no parece decidirse en la cancha ni siquiera en el vestuario, sino por el volumen de transacciones de un servidor remoto. Al menos esa es la sensación permanente que se tiene desde que las apuestas han ingresado en el mundo del fútbol para volverlo un objeto de predicción.
El paquete de restricciones impulsado por Lula buscó cortar el nudo gordiano: exigir la localización del capital, prohibir el uso de tarjetas de crédito para apostar, imponer severas directrices publicitarias y cerrar el paso a los operadores sin licencia. Desde la perspectiva de la política social que impulsan el PT y sus aliados, el Estado no podía seguir actuando como un simple espectador impertérrito mientras la ludopatía digital desarticulaba la microeconomía de las clases trabajadoras. Porque hay que repetirlo: en la decisión gubernamental se tiene en cuenta explícitamente a los sectores más vulnerables, con menos redes de contención y cuidado.
La encrucijada del fútbol
La estocada oficial dejó al descubierto una gran vulnerabilidad del balompié brasileño. A la “empresarización” de sus clubes y campeonatos —lo que permitió el arribo de capitales extranjeros y fondos de inversión— se sumó la convergencia de las apuestas deportivas con los mercados bursátiles, ambos estamentos presentes, además, en la financiación publicitaria de los equipos brasileños.
En la última década, los clubes de las series A y B vivieron en una suerte de bonanza artificial que el resto del continente ha visto reflejada en el dominio brasileño en los torneos de la Conmebol, merced a su mayor poderío económico. Las casas de apuestas inyectaron cientos de millones de reales en contratos de patrocinio, inflando la masa salarial y permitiendo repatriar estrellas internacionales bajo el espejismo de una prosperidad inagotable. Con la ofensiva regulatoria y el cierre del grifo publicitario sin control, los dirigentes deportivos se descubrieron al borde de una abstinencia financiera.
La decisión de Brasil, criticada por los clubes que anunciaron que emprenderán acciones legales, sienta un precedente ineludible para toda la región. Plantea una pregunta incómoda, pero urgente, a los gobiernos latinoamericanos: ¿cuál es el límite ético del patrocinio privado cuando este socava la salud mental de la población y contamina las estructuras básicas de un deporte tan popular como el fútbol?
El “caso Paraguay”
Si en el Brasil de Lula el Estado intenta erigirse como un muro de contención —con todas las grietas y tensiones diplomáticas que esto implica—, la mirada hacia el sur del río Paraná revela un marcado contraste. El “caso Paraguay” representa la otra cara de la moneda: la porosidad institucional llevada al paroxismo y la captura de la regulación en beneficio de monopolios de facto o zonas grises de fiscalización.
En Paraguay, el fenómeno de las apuestas deportivas y los casinos virtuales ha operado bajo una dinámica sensiblemente distinta en la forma, pero idéntica en sus devastadores efectos sociales. Durante años, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) ha sido señalada por la opacidad en la concesión de licencias exclusivas, las batallas judiciales entre operadores y la incapacidad estructural para monitorear el verdadero caudal transaccional que circula por las redes de cobranza electrónica y las aplicaciones móviles.
Mientras en los barrios golpeados del Departamento Central o en las ciudades fronterizas, como Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, las tiendas de conveniencia y los minimercados se transformaron en pequeñas terminales de apuestas continuas, el debate público local brilla por su ausencia. El fútbol paraguayo, estrangulado por deudas crónicas en la mayoría de sus clubes de Primera División, abrazó sin rubor el dinero del juego para sostener sus presupuestos, sin preguntarse nunca si es éticamente conveniente exponer a niños y niñas que pululan los espacios deportivos a un mundo de consumo compulsivo comparable al del alcohol o las drogas, tanto legales como ilegales.
La diferencia sustancial en Paraguay radica en la respuesta política. En Asunción, la discusión no gira en torno a la protección de la economía doméstica ni al abordaje de la ludopatía como un problema de salud pública de escala nacional; la disputa paraguaya suele ser meramente rentística y clientelar: quién se queda con el porcentaje de la concesión, qué grupo empresarial controla el nodo de pagos o cómo se acomoda la normativa para no incomodar a los poderes fácticos del momento.
Asimismo, la condición de Paraguay como bisagra logística y financiera en la Triple Frontera añade un componente letal al escenario. La falta de controles estrictos sobre el flujo monetario de las apuestas electrónicas convierte al territorio paraguayo en un espacio sumamente atractivo para el lavado de activos transfronterizo.
