El primer ministro, Edouard Philippe, acompañado del titular de la Transición Ecológica, François de Rugy, explicó en Angers (oeste) que el objetivo es pasar del 3 % de los desplazamientos cotidianos en bicicleta (lejos del 10 % en Alemania o del 26 % en Holanda) al 9 % en siete años.
El Estado atribuirá partidas de 50 millones de euros anuales a municipios y regiones en ese periodo para que construyan infraestructuras que ofrezcan continuidad a los carriles bici, por ejemplo para atravesar con pasos superiores o subterráneos carreteras o autopistas.
El actual dispositivo de indemnización de los asalariados que acuden al trabajo en bicicleta utilizado por algunas empresas, que está en función de los kilómetros recorridos, se sustituirá por otro de una cantidad fija.
Las administraciones e instituciones estatales tendrán que abonar a sus empleados 200 euros anuales. En el caso de las empresas, no será obligatorio y podrá llegar a un máximo de 400 euros al año exentos de impuestos.
Para luchar contra los robos de bicicletas, que se estiman en 300.000 anuales, el Ejecutivo pedirá a la compañía estatal de ferrocarriles SNCF que construya aparcamientos seguros en las estaciones.
También se marcarán las bicicletas con un número de matrícula, que se conservará en un fichero al que tendrán acceso las fuerzas del orden. Se empezará con las ventas de nuevas, y luego con las de segunda mano.
En cuanto a la seguridad de los ciclistas, entre otras medidas, se enseñará de forma sistemática a montar en bici en las escuelas con el objetivo de que todos los niños sepan hacerlo con 11 años.
