El pasado 18 de noviembre clubes de Primera División solicitaron una investigación, tras publicaciones periodísticas, para esclarecer la vinculación entre el presidente de Olimpia, Marco Trovato, y una empresa dedicada a las apuestas deportivas.
Al día siguiente, el tema subió un escalón más y, en una reunión de urgencia, los presidentes de diferentes instituciones estuvieron de acuerdo en buscar una forma para impedir que las casas de apuestas sigan poniendo en su grilla los partidos del fútbol paraguayo.
A partir de ahí los dos temas tienen caminos diferentes. Por un lado, uno que atañe al titular franjeado por una vinculación, y por el otro, la búsqueda de la APF por sacar a las apuestas de en medio tras las “sospechas de amaño”.
Con respecto al último punto, en marzo del 2017, los abogados de la APF presentaron una “Acción de Certeza Jurídica” para que se reafirme al ente como “la propietaria de los derechos intelectuales y económicos de los torneos, campeonatos y los partidos de la Selección Paraguaya (…) y con derecho a la explotación económica de los citados encuentros, en especial de las apuestas deportivas”.
La estrategia de la APF, con este recurso, es impedir que las casas de apuestas sigan utilizando la grilla del fútbol paraguayo “sin permiso o pago por los derechos” o bien, negarse completamente a tener negocios por una cuestión ética.
Ahora, volviendo al caso Trovato, lo que ocurre es que la empresa de la familia del titular de Olimpia ofrece un “servicio electrónico” a una casa de apuesta específica. Concretamente sirve de puente para las transacciones económicas, conectar el dinero virtual de un usuario con la página en donde se llevará a cabo la apuesta, pero sin participar en ellas, según aclaró en charla con Monumental 1080 AM. Desde el punto de vista de los negocios no está mal, ya que una de sus empresas ofrece soluciones a determinados clientes.
El punto de discusión está en “qué tipo de cliente” es el que lo contrata en este caso. Este es el principal argumento de los críticos de Trovato, ya que esa vinculación, en este caso comercial, está prohibida por el Código de Ética de la APF.
En su artículo 26, el mencionado documento dice: Las personas sujetas a este código tienen prohibido:
- Participar, directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías y actividades o negocios similares relaciones con partidos o competiciones de fútbol y/u otras actividades relacionadas.
- Tener todo tipo de interés, de forma directa o indirecta (a través de terceros o con la colaboración de estos), en entidades, empresas, organizaciones, etc, que promuevan, negocien o dirijan apuestas, juegos de azar, loterías o eventos o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol.
En un sentido estricto, el segundo inciso del documento resulta contundente, ya que la empresa de Trovato brinda un servicio a una casa que se dedica a las apuestas, lo cual se puede entender como una vinculación indirecta.
El Código de Ética plantea fuertes sanciones (200 salarios mínimos de multa, más una inhabilitación por tres años) y lo cierto es que este caso sentaría un precedente que también podría afectar a otros dirigentes cuyas instituciones que poseen vínculos con empresas que explotan juegos de azar.
Habrá que ver cuál será el final de la historia.