El presidente de un club de fútbol en Bolivia declara ante la Fiscalía por el caso Marset

El presidente del club boliviano Blooming, Sebastián Peña, declaró este viernes ante la Fiscalía en la región oriental de Santa Cruz en el marco de la investigación del caso del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por la Justicia de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

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Marset durante su paso por el Deportivo Capiatá.

Peña llegó a las oficinas de Sustancias Controladas de la Fiscalía en Santa Cruz para declarar en calidad de testigo en las investigaciones de este caso.

“No hay ninguna relación, nosotros hemos aclarado en la Fiscalía que nosotros no tenemos relación con el señor Sebatián Marset”, manifestó Peña a los medios luego de su declaración en la Fiscalía.

Agregó que brindaron información sobre registros de los jugadores y que están “prestos” a colaborar en las investigaciones.

Esta semana la Policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de Blooming y sacaron documentación relacionada con contratos laborales de los jugadores, en especial de los internacionales.

También se acercaron a las oficinas de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para pedir información relacionada con la inscripción y participación de Marset y de uno de sus hijos en competencias deportivas en el país.

Uno de los nombres mencionados en el requerimiento es el de Sebastián Marset y otro corresponde a Luis Paulo Amorim Santos, una de las identidades falsas que usó el uruguayo mientras estuvo en Bolivia.

El tercer requerimiento se refiere a uno de los hijos del presunto narcotraficante, aunque también con identidad falsa, y el cuarto es sobre el futbolista uruguayo Christian Latorre, detenido en julio en Bolivia durante una operación para capturar a Marset.

El abogado de Blooming indicó que los allanamientos se enmarcan en la investigación de tráfico de sustancias controladas.

El jueves la Fiscalía también llegó hasta las oficinas de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) por las investigaciones de este caso.

Marset está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y es requerido por la Justicia de Uruguay, Brasil y Paraguay, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), la Europol e Interpol.

Además, se le relaciona con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia, algo que el uruguayo negó.

Este caso tuvo en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que el uruguayo logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas. EFE

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