Se puede decir que, desde el Mundial de 1990, el fútbol brasileño está en crisis permanente: Sus clubes dominan la escena, pero deben una ingente cantidad de dinero. Aquel día del gol de Claudio Caniggia en Turín puede tomarse como el que, simbólicamente, marca un antes y un después: una humillación futbolística de la que, cuatro años más tarde, Brasil se repondrá con el tetracampeonato, pero renunciando para siempre al jogo bonito, enajenando sus mejores jugadores en favor de las grandes ligas europeas y, sobre todo, optando la Confederación Brasileña de Fútbol por el pragmatismo de las marcas, por el capital privado, por una gestión empresarial “moderna”.
Aunque parezca paradójico, lo que se llama crisis en el fútbol brasileño coincide con el crecimiento de la inversión privada, con el endeudamiento con la banca. Esto no es de ahora, ni solamente de Brasil: endeudarse es el arte de los clubes europeos. Viene, en el caso brasileño, de la llamada “Ley Pelé” que, con múltiples modificaciones, data de 1998. Dicha ley permitió la entrada del capital privado, su gestión más empresarial que social, aunque no de manera uniforme en todos los clubes, ni mucho menos. Desde entonces, varios de sus equipos han ganado más torneos continentales que cualquiera de otro país. Este año, contando Libertadores y Sudamericana, son cinco brasileños de ocho los semifinalistas. No hay un solo equipo argentino en ambas instancias.
La panacea del éxito parece económicamente privada, pero no siempre lo es. Esto es fútbol, al final, y convengamos que hablamos de Brasil. En Perú, en Chile, en Colombia también rigen diversas leyes de financiación privada, pero sus equipos solo ocasionalmente acceden a la vanguardia. En el resto de países, la competencia a alto nivel internacional es todavía más esporádica o, en todo caso, reducida a un pequeño grupo de clubes.
Al mismo tiempo que la Ley Pelé vio en el hincha un consumidor de espectáculo con dispendiosa televisación, con ciertos derechos de privilegio mediante pago de un arancel “societario” y diversos mecanismos de captación de fondos, el fútbol brasileño siguió siendo de asociaciones civiles sin fines de lucro que podían financiarse más diversamente. Hasta ahora... pues Rodrigo Pacheco, aliado del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, es desde febrero pasado presidente del Senado brasileño y, desde 2019, abanderado de un proyecto que modifica la Ley Pelé y convierte a los clubes en sociedades anónimas: Adaptación a los modelos europeo-norteamericanos de gestión deportiva, basados en un pragmatismo ideológico y económico. Choca este modelo con los “patrimonialistas”. Así es como llaman a los detractores de la ley de “club-empresa”: A quienes lo entienden aun de manera eminentemente social, por un lado; a quienes lo entienden como negocio de pocos, a menudo familiar y feudal, no abierto a cualquier capital de cualquier parte del mundo, por el otro.
Hasta ahora, dijimos bien: El 6 de agosto, Bolsonaro promulgó la ley y el Cruzeiro de Minas Gerais, estado de donde es oriundo el proyectista Pacheco, es el primero en reformarse como sociedad anónima. Mantendrá una parte de su asociación civil, con derechos sobre bienes tangibles e intangibles del club, mientras la otra captará fondos privados nacionales e internacionales, como sucede en Europa.
Uno se pregunta qué queda en el fútbol del espíritu deportivo llamado “olímpico”; de su cota puesta al millonario profesionalismo de élite que no permitiría, se pensaba, una real competencia; de su temor a que el dinero modifique la base de la competencia deportiva, el juego por sí mismo, para preponderar el lucro mediante el éxito futbolístico con populares estrellas de altísimos salarios.
Seguirá habiendo al parecer, y se profundizará todavía más, un dominio del capital brasileño y multinacional en el fútbol de América, de sus futbolistas de élite.
